A raíz del aberrante caso ocurrido en Santiago del Estero que tuvo como víctima a una nena, quien quedó embarazada tras ser violada por el marido de su prima de 36 años, cada vez más personas comenzaron a preguntarse si la Justicia contempla o no la posibilidad de un aborto en un caso así.

El ministro de Salud, Ginés González García, anunció a comienzos de su gestión -en conferencia de prensa desde la Casa Rosada- la aplicación del entonces nuevo protocolo para los casos de aborto no punible, que entró en vigencia el 13 de diciembre con su publicación en en el Boletín Oficial.

En el mismo, estableció que «en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo que cursa, según los mismos estándares de calidad que el resto delos servicios de salud», siempre y cuando cumpla con determinados requisitos.

 Algunos de los casos de aborto que forman parte de los no punibles en el protocolo son los siguientes:

* Cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la persona gestante
* Cuando el embarazo representa un peligro para la salud de la persona gestante
* Cuando el embarazo proviene de una violación (se trate o no de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial).
El protocolo presentado por el ministro de Salud deja establecido que abortar bajo estas situaciones no puede ser un hecho que merezca ser sancionado.

En este sentido, la Resolución 1/2019 establece el procedimiento para el cumplimiento del derecho al aborto no punible, consagrado en el Código Penal desde 1921 para dos causales: «Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer demente».