El testimonio de Ángel, detallando el maltrato padecido, es uno de los 200 recabados entre junio y julio por organizaciones sociales e incluídos en una demanda en un tribunal de California contra el Gobierno de Donald Trump. En ella, se detalla el trato a inmigrantes, la mayoría centroamericanos que huyen de la violencia en sus países.
El documento judicial describe una atroz letanía de abusos, menosprecio y malas condiciones en los centros en los que los indocumentados pasan los primeros días tras ser arrestados en la frontera. Muchos se quejan del frío extremo, de la saturación de las celdas alambradas, de agua y alimentos en tan mal estado que prefieren no ingerir, de ser vejados por los guardas o amenazados con no recibir atención médica.
Ha habido denuncias de maltratos en el pasado en algunos de esos centros de detención, pero los testimonios también permiten conocer de primera mano la enorme angustia y la huella psicológica que provoca la política de la administración republicana de separar a propósito a padres e hijos. “No sabía dónde estaba mi madre”, cuenta Griselda, una guatemalteca de 16 años que fue separada de su progenitora al entrar a EE UU. En su celda, donde los gritos eran constantes, los guardas declinaban revelar dónde estaban sus padres.
Acechado por una ola de repudio internacional, Trump derogó el 20 de junio la política de ruptura de familias, que se había iniciado en abril cuando la Fiscalía decidió presentar cargos penales contra cualquier adulto que entrara ilegalmente a EE UU. Eso implicaba encarcelar a prácticamente todos los padres que iban acompañados de hijos y separarlos de ellos. Un juez ha impuesto un estricto calendario de reunificación, antes de finales de julio, de las alrededor de 2.600 familias que fueron separadas.
La demanda en un tribunal federal de Los Ángeles aduce que el Gobierno de Trump está incumpliendo un fallo judicial de 1997, conocido como el Acuerdo Flores. La sentencia dictaminó que un menor, solo o con sus padres, no puede estar detenido más de 20 días y cuando esté en custodia debe tener cubiertas sus necesidades básicas, como agua, comida o atención médica. Tras rectificar su política de separación, la Administración republicana ha pedido poder detener indefinidamente a padres e hijos juntos, pero la decisión preliminar de un juez ha sido revalidar la vigencia del límite de 20 días.
Fuente: El País
