Como marco referencial se toma al Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra los derechos sociales, protegiendo a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, entre los que se encuentran los y las adultas mayores; el Artículo 43 de la Constitución de la Provincia de Corrientes: Ninguna persona debe ser discriminada por causa de su edad.

El Estado garantiza a las adultos mayores la igualdad real de oportunidades, trato y pleno goce de los derechos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Nacional, en los Tratados y en las leyes.

El Estado, mediante políticas sociales, vela por su protección e integración socio económica y cultural, tendiente a cubrir sus necesidades específicas y a elevar su calidad de vida, y provee especialmente a la protección de los ancianos que se hallen en riesgo, abandonados y desamparados, dictando políticas de inclusión de forma directa o a través de terceros; y el Artículo 31 de la Carta Orgánica Municipal: La participación y el protagonismo de los ancianos será preocupación permanente de la Municipalidad, que podrá reconocer a las autoridades representativas de la tercera edad y a las instituciones destinadas a la atención de los ancianos y coordinará con ellos programas de esparcimiento y de actividades socialmente útiles, otorgándoles a tal fin el apoyo que estime conveniente y posible.

El proyecto también menciona que a nivel internacional se están adoptando estrategias en el largo plazo sobre el envejecimiento, en un contexto de una sociedad para todas las edades al admitir que se trata de un fenómeno de la población mundial; que en tal orden, la Organización de Estados Americanos sancionó en el 2015 la «Convención Interamericana Sobre Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores», que fuera incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la Ley N° 27360/2017; y que tanto hombres y mujeres mayores constituyen un grupo poblacional vulnerable en aumento que por su situación requieren de una atención integral por parte del Estado, de la sociedad civil y en especial de la familia, a fin de que se garanticen sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.