El Senado de la Nación convirtió en ley la semana pasada la modificación del artículo 72 del Código Penal Argentino, con lo cual a partir de ahora el abuso sexual infantil ya no es un delito de instancia privada en el país, sino de instancia pública, por lo que el Estado está obligado a investigar de oficio.

Cualquier ciudadano puede hacer la denuncia correspondiente si conoce el hecho de que un menor de 18 años es víctima de abuso sexual y el Poder Judicial está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no hayan sido ratificados por los tutores del niño, niña o adolescente.

La autora del proyecto convertido en ley, la diputada Carla Carrizo, impulsó esta reforma argumentando que la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratifiquen la denuncia, era un obstáculo para que haya justicia. Desde ahora, esta ratificación no será necesaria y esto permitirá “sacar velo de protección que cubría el abuso sexual infantil en Argentina”, según destacó el letrado.

Gran parte de este “velo” del que habla Molina está relacionado con el hecho que en más del 80% de los casos de abuso el responsable es un familiar varón de la víctima por lo que, era frecuente que cuando el niño se animaba a contar lo que está pasando a un familiar, este decidía no hacer la denuncia. También hay casos en los que el niño confió en un adulto fuera de su entorno familiar, como un docente, pero la denuncia cayó poco después por no era ratificada por un tutor.

Según la diputada Carrizo, solo el 10% de los abusos sexuales infantiles que ocurren en el país son denunciados y apenas el 1% llega a sentencia. El alcance de esta estimación es escalofriante: el 99% de los abusadores de niños en Argentina están libres de culpa y cargo; y muy cerca -en la mayoría de los casos conviviendo en la misma casa- con sus silenciosas víctimas.