El escándalo en la Cámara de Diputados impidió la aprobación de un proyecto de ley que el Gobierno defendió con verdades y mentiras.

Mucho de lo que dice es verdad. Es verdad, como afirma el instructivo que la Casa Rosada distribuyó a los diputados del oficialismo, que la fórmula de ajuste de haberes propuesta (70 por ciento inflación y 30 por ciento de la variación del salario promedio de los trabajadores estables) «es sencilla, transparente e independiente de los cambios que pueda haber en la coparticipación de impuestos».

Es verdad que la actualización dejará de ser semestral y pasara a ser trimestral a partir de marzo del año próximo.

Es verdad que la fórmula vigente desde 2009 (50% de la variación de la recaudación previsional por beneficiario y 50% de la variación del salario promedio de los trabajadores estables) «es inestable», porque «algunos años sube más que la inflación, y otros menos».

Es verdad que la fórmula original fue aplicada con discrecionalidad porque no incluyó en el cálculo a los beneficiarios de las moratorias ni a los de las ex cajas provinciales, y «esas omisiones resultaron en aumentos superiores al crecimiento de los recursos de la Anses».

Es verdad que el Ministerio de Hacienda estima que con la nueva fórmula «las jubilaciones aumentarán en 2018 alrededor de un 5% por encima de la inflación».

Pero más allá de esas y otras verdades, algunos de los argumentos de los voceros del Gobierno no son ciertos, otros son discutibles y, por sobre todo, omiten a conciencia referirse al objetivo fundamental de la reforma.

Puntos de debate

El Gobierno afirma que como la recaudación previsional recibe porcentajes de ciertos impuestos como Ganancias e IVA, «cualquier cambio en la distribución de esos impuestos perjudica los aumentos a los jubilados». Eso es verdad en caso de que se decidiera (como pretenden con Ganancias) reducir la parte de su recaudación que se le destina a la Anses, pero no sería verdad si eventualmente se decidiera lo contrario.

¿Qué impide que, con el fin de mejorar las jubilaciones, se le asigne más recursos a la Anses con fondos provenientes de, por ejemplo, una suba sustancial en la alícuota que pagan los altos ingresos? Sólo lo impide la falta de voluntad política.

El instructivo asegura que «nuestro sistema previsional no es sustentable en el largo plazo» y que «ya es deficitario». Lejos de ser una verdad absoluta, la afirmación es discutible. El sistema es deficitario si el criterio es que los aportes personales y contribuciones patronales deben alcanzar a cubrir los haberes. Pero si no se lo concibe como un sistema cerrado sus recursos bien pueden reforzarse con otros fondos, como efectivamente viene sucediendo.

Pero el punto central es que el Gobierno se resistió a reconocer que el objetivo principalísimo de la reforma es recortar el gasto previsional, y se empecinó en presentar las consecuencias del cambio de manera engañosa.

Pérdidas acumuladas que se agravan

Dejando de lado el falaz chantaje argumental, es muy evidente que hacer algo para que el sistema previsional crezca menos significa para el Gobierno recortarle ingreso a los jubilados. Un psicólogo ahí para los que elaboraron el instructivo.

Si lo que realmente les preocupara fueran las deficiencias en la fórmula original, hubieran impulsado que el nuevo método de cálculo de la movilidad comenzara a aplicarse a mitad de año, permitiendo que el ajuste de marzo con el viejo método recuperara la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los haberes y la Asignaciones Familiares en los últimos dos años.

La reforma ha generado un masivo rechazo

Una encuesta del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad de San Martín arroja que el 65,9% de la población está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

No es para menos. Se trata de la medida más impopular desde que asumió Mauricio Macri.

Fuente: Infobae